De quién son las viviendas: nuestras, del banco o del ayuntamiento?", se preguntaba ayer Lourdes Teresa Romero, que ejerció como portavoz de más de doscientos adjudicatarios de casas sociales de Aldea Moret ante el pleno del ayuntamiento. Estos pisos son parte de los 767 que el ayuntamiento promovió en Isabel de Moctezuma, en la avenida de la Hispanidad y en Aldea Moret y que se entregaron entre los años 1987 y 1988. Estas doscientas casas serían las únicas que aún quedarían por regularizar.
En las últimas semanas, el gobierno ha requerido a estos adjudicatarios que firmen las escrituras de propiedad y que se subroguen en un préstamo hipotecario para pagar las viviendas. Apoya su demanda en una sentencia. Si no se acata, los pisos podrían volver al consistorio. Los precios de venta de 1987 y 1988 se mantienen. Son entre 15.000 y 25.000 euros. Adjudicatarios de estos pisos acudieron ayer al pleno para pedir a través de su portavoz que se les den otras alternativas y no únicamente la de subrogarse en una hipoteca, dado que las circunstancias económicas y sociales de muchos de ellos hacen inviable el pago de un préstamo.
El asunto también se abordó a raíz de dos mociones que habían presentado los grupos municipales del PSOE e IU. El gobierno explicó que la paralización del proceso de la firma de escrituras y de subrogación en hipotecas no se podría paralizar si supone un incumplimiento de la sentencia, aunque sí se aceptó estudiar caso a caso. La petición de paralizar este proceso se pedía por IU hasta la corrección de las deficiencias que presentan los edificios y los pisos sociales, una de las reclamaciones de los residentes de las casas de las que apenas se habló durante el pleno.
El acuerdo adoptado por unanimidad por la corporación fue el de la petición recogida en la moción del PSOE, que precisa que los servicios de Rentas y de Asuntos Sociales estudiarán, a través de una audiencia individualizada a cada una de las familias, una alternativa que tenga en cuenta la situación social de cada una de ellas.
LAS ESCRITURAS El portavoz del gobierno local, Valentín Pacheco, recordó que en su día se firmaron los contratos de compra-venta, por lo que la propiedad sería de los adjudicatarios, pero que no se llegaron a firmar las escrituras de propiedad porque las viviendas, a causa de deficiencias en su construcción, no obtuvieron los certificados de final de obra, una calificación que lograron unos años después de su entrega, en 1994.
La alcaldesa, Elena Nevado, que recordó que en Asuntos Sociales ya se está dando atención a estas familias, ofreció ayer a los miembros de la plataforma que se ha constituido para agrupar a los residentes de estas viviendas la celebración de una reunión para abordar su situación. Lo hizo tras las críticas que la portavoz, Lourdes Romero, lanzó al Instituto Municipal de Asuntos Sociales (Imas) al asegurar que en este organismo "no nos ayudan, allí nos sentimos marginales" y afirmar que "nos tratan como ratas".
Romero pidió alternativas para "que no nos quiten nuestras casas", insistió en que no se niegan a pagar los pisos, pero recordó que el 95% de los que residen en los mismos son pensionistas que están cobrando una media de 400 euros, parados de larga duración o familias que tienen todos sus miembros en el paro.
En la segunda legislatura del exalcalde José María Saponi se firmaron las escrituras de los pisos que se habían entregado en Moctezuma y en la Hispanidad y se procedió a su pago. Faltaban muchas de las casas de Aldea Moret. En el pleno de ayer se recordó que durante el mandato de Carmen Heras también se firmaron las escrituras de propiedad y se regularizó la situación de más de 70 viviendas de Aldea Moret.
PRESTAMO La promoción de estos pisos parte del préstamo que el Instituto para la Promoción Pública de la Vivienda, organismo ya desaparecido, concedió al ayuntamiento para la ejecución de 767 pisos. Se concedió tras la firma de un convenio con el ayuntamiento en 1982, cuando era alcalde Manuel Domínguez Lucero. El préstamo ascendía a 15,3 millones. Estos pisos, desde su promoción, ejecución y posterior entrega y regularización, y la problemática unida a ellos han pasado por todas las corporaciones democráticas.
Uno de los problemas que puede plantear la regularización de las viviendas de las que aún no se han firmado las escrituras es que el adjudicatario inicial ya la haya vendido. En los contratos de compra-venta se establecía que no se podría enajenar los pisos hasta haber transcurrido 5 años desde la fecha del contrato, periodo que se cumplió en 1994, aunque siempre que previamente se hubiese hecho efectivo el pago de todo el piso. Los adjudicatarios daban una entrada (entre 2.000 y 3.000 euros) y el resto se hacía efectivo mediante subrogación en una hipoteca, que en los contratos, firmados en 1987 y 1988, se constituía a favor del Ministerio de Obras Públicas.
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